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Mundo  |  12, Febrero 2013

Oportunismo y degradación del conflicto colombiano




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A pesar de que el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC han declarado que la mesa de diálogos en La Habana va por buen camino, los acercamientos en medio de la guerra tiene muchas desventajas; entre ellas el oportunismo de quienes no ven con buenos ojos el proceso de paz colombiano.

 

La foto no podía ser más aterradora: los cuerpos de dos policías sobre un charco de sangre, después de haber sido asesinados por las FARC en el departamento de La Guajira. Ningún medio de comunicación colombiano la publicó, pero sí, desde su cuenta de twitter, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.  Las voces de rechazo no se hicieron esperar, especialmente las de aquellos que ven un claro oportunismo político; sobre todo si tenemos en cuenta que, un día antes de dicha publicación, Uribe lanzó en Santa Marta un movimiento  que busca obtener varias curules al Congreso en las próximas elecciones - y en las que él mismo encabezaría la lista al Senado-, además de nombrar a varios posibles candidatos para las presidenciales del 2014.  En ese sentido la actitud de Álvaro Uribe fue, para algunos, como si estuviera exhibiendo un trofeo de guerra al dar a conocer la cruel imagen.

El Gobierno aceptó dialogar en medio del conflicto, aunque las FARC propusieron recientemente un cese al fuego bilateral.  Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, se ha negado a aceptar la propuesta de la guerrilla con el argumento de que debe ser ella la que se comprometa a no cometer más hechos violentos.  De igual manera sostiene que es responsabilidad de las autoridades mantener los operativos tendientes a buscar a los insurgentes en cualquier rincón del país.

Todos los actores del conflicto han contribuido a degradarlo progresivamente. Desde los ataques de la guerrilla con cilindros de gas a estaciones de policía en diversos pueblos, pasando por los bombardeos indiscriminados del ejército en su afán por combatir a los subversivos,  hasta las masacres ejecutadas por paramilitares (hoy llamados Bandas criminales o "BACRIM") y el desplazamiento de campesinos que quedan en mitad del fuego cruzado.

Un ejemplo de esa degradación la vivieron los habitantes de la población de El Salado en febrero del año 2000. Allí fueron masacraron  66 de campesinos (hombres, mujeres y niños) mientras  los paramilitares (sus  verdugos) bailaban al son de la música folclórica. La melodía de las gaitas, el ritmo de los tambores, las letras de las canciones, se confundían con el silencio de quienes simplemente esperaban resignados la danza de la muerte. En una tierra festiva como lo es aquella, ni siquiera al ángel exterminador se le hubiera ocurrido dejar de tocar su arpa. Por eso la música se apagó por muchos años en ese pueblo y solo el exorcismo del carnaval pudo ahuyentar los fantasmas de esa pesadilla.   Los asesinos se desmovilizaron y se sometieron a una ley llamada de "Justicia y paz", durante el Gobierno de Uribe Vélez. Hoy,  los principales cabecillas de esa organización criminal están presos en Estados Unidos juzgados por lavado de dólares y tráfico de drogas, delitos muy diferentes a los que debían confesar luego de su sometimiento a la justicia. Con su extradición perdió el país, perdieron los familiares de aproximadamente 48.000 desaparecidos;  ganaron, sin embargo, los políticos, ganaderos, militares y empresarios que ayudaron a conformar esa máquina de muerte.

Diversos organismos internacionales siguen con especial atención del desarrollo de las negociaciones en La Habana. La impunidad es una de las mayores preocupaciones, toda vez  que la "Ley de justicia y paz" en el proceso con los paramilitares no logró esclarecer la verdad. Tampoco sirvió para darles justicia y reparación a las víctimas. Por eso es necesario insistir en la mesa de diálogo y con ella en la posibilidad de ponerle punto final a una de las páginas más tristes de la historia de Colombia.

 

Por Carlos Eduardo Rojas Arciniegas (Bogotá, Colombia)




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