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Mundo  |  4, Junio 2018

Nicaragua sigue sangrando




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La ola de represión gubernamental contra las protestas sociales en Nicaragua no se detiene. A los 19 manifestantes asesinados entre el miércoles y el sábado por fuerzas policiales y parapoliciales del gobierno sandinista, se agregaron ayer al menos otros siete fallecidos.

 A la vez, doce jóvenes que fueron excarcelados por gestiones de la Iglesia católica y de organismos de derechos humanos denunciaron amenazas de muerte y torturas de la policía. La crisis comenzó el 17 de abril, cuando el gobierno sandinista de Daniel Ortega impuso un ajuste previsional que afectaba a los jubilados y trabajadores activos. La ola de protestas fue tan intensa que días después Ortega dio marcha atrás con la reforma, pero las manifestaciones contra su gobierno no se detuvieron, exigiendo su renuncia y nuevas elecciones generales.

Informe independiente

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó ayer que siete personas perdieron la vida en las últimas horas a manos de paramilitares y fuerzas policiales, cinco de ellas en Masaya. Desde el Estado se desconocen sistemáticamente estos números. Ayer, la policía sandinista reportó solo un deceso en esa ciudad que atribuyó a "actos terroristas realizados por grupos delincuenciales, encapuchados, con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov". Este es el tono de los comunicados oficiales, lo que evidencia que el gobierno sandinista ha decidido redoblar el camino represivo, una vez sepultado el diálogo que había habilitado la Iglesia católica y que terminó de hundirse el miércoles pasado, cuando se registraron al menos 15 muertos a manos policiales y parapoliciales.

Masaya, paralizada desde hace varios días por las protestas, es escenarios de enfrentamientos entre pobladores atrincherados y fuerzas parapoliciales que acompañan a los efectivos antimotines. Las barricas levantadas en toda la ciudad buscan evitar más saqueos nocturnos que en las últimas semanas han diezmado el comercio.

La crisis en Nicaragua comenzó el 17 de abril tras la violenta acción de la policía y fuerzas paramilitares contra manifestantes desarmados que protestaban contra la reforma al Seguro Social, luego derogada.

Según cifras oficiales, 40 personas han muerto desde esa fecha, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA registra 97 fallecidos -sin contar los denunciados ayer-, en su mayoría estudiantes que protestaban contra el gobierno. Otros organismos de derechos humanos no gubernamentales dan cuenta de 107 decesos.

Torturas

Además, ayer hubo denuncias de torturas por parte de jóvenes liberados. Las denuncias fueron hechas en Masaya, ciudad vecina a la capital, Managua, que escenifica la mayor represión policial y parapolicial. Doce jóvenes fueron liberados por intermediación de la Iglesia y una asociación civil y denunciaron amenazas de muerte y torturas. Madres de los detenidos, que desde primeras horas del día se habían plantado frente a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para exigir la liberación de sus hijos, rompieron en llanto al ver salir a los jóvenes con hematomas e inflamaciones que evidenciaban maltrato físico.

Un video que circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación, permite ver a todos los detenidos sin heridas al ser detenidos y mientras desfilaban manos arriba hacia la sede policial de Masaya, escoltados por un oficial que vestía de civil. "Nos capturaron al amanecer del sábado, nos golpearon en la estación (policial) de Masaya y cuando nos trajeron a Managua nos amenazaron con asesinarnos en la carretera", dijo entre sollozos uno de los liberados mientras era abrazado por su madre. "Nos decían que nos iban a matar. En la estación de Masaya nos trataron como animales, como perros", dijo otro joven. "Los policías nos dijeron que si volvíamos a salir a las calles nos iban a descuartizar porque sabían donde vivimos", expresó la única mujer del grupo de detenidos, que presentaba lesiones en un pie y que salió de la temida DAJ en brazos de dos compañeros.

Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), quien junto a sacerdotes católicos de Masaya gestionó la liberación, dijo que los ciudadanos serían evaluados físicamente por una comisión independiente de médicos para elaborar un informe. "Los jóvenes ejercían su derecho a manifestarse. Todos denuncian que fueron salvajemente golpeados. Estamos recogiendo sus testimonios y declaraciones. La policía no les dio el trato de acuerdo a los protocolos policiales para un detenido", expresó.

Por su parte, el sacerdote Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, denunció el asedio de la policía al templo, el cual fue rodeado por antimotines y en cuyos alrededores fue ejecutado un joven por una agente. "´Si me vas a matar, matame´, le dijo el joven y (la policía) lo mató", denunció el religioso que participó en las gestiones de excarcelación.

Leiva agregó que hay unas 30 personas desaparecidas tras los ataques de ayer en Masaya.

La violencia resurgió ayer en Nicaragua cuando militantes armados del gobierno de Ortega intentaron desalojar a un grupo de civiles que mantenían una barricada en Masaya. Tanto el cura Román como Leiva Sánchez mediaron para liberar a los 32 detenidos ayer en Masaya. Pero sólo 21 pudieron salir en libertad, y el resto seguía siendo "investigado" en la temida sede del DAJ de Masaya. La perspectiva para esta semana es que continuará la violencia impulsada por el gobierno.

 




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